ARGENTINA PRESENTE EN REUNIÓN REGIONAL POR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN AMBIENTAL

En Chile, 24 países buscaron arribar a consensos para implementar en América Latina y el Caribe los derechos consagrados por el Principio 10.

En representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, la subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges, participó como representante de la delegación argentina de la Octava Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que se desarrolló en Santiago de Chile.

Allí, 24 países buscaron arribar a consensos para implementar en América Latina y el Caribe los derechos consagrados por el principio 10, en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Mediante dicho acuerdo, los Estados de todo el mundo se comprometieron a promover el acceso a la información, fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones que le afectan y facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Duverges destacó allí el compromiso que Argentina mantiene con los postulados del principio 10, en ese sentido destacó que “durante 2017 se implementaron acciones tendientes a facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública ambiental”.

Dentro de esas medidas, la Subsecretaria se refirió especialmente al Informe del Estado del Ambiente; a las plataformas de Información Ambiental y la de Datos Abiertos; al programa de Participación Ciudadana; al trabajo con el Ministerio de Justicia para la incorporación al Código Penal de un capítulo de delitos ambientales; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, etc.

El mencionado principio 10 establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

En Argentina, la Ley General del Ambiente N.º 25675  y la Ley N.º 25831 garantizan el acceso a la información pública ambiental, a la participación pública y proveen herramientas para la implementación del acceso a la justicia ambiental.

En consonancia con el compromiso argentino con la aplicación del principio 10, la reunión previa a la realizada en Chile, en julio y agosto pasados, tuvo como sede a la Ciudad de Buenos Aires.

Antecedentes

En 2014, los países firmantes de la Declaración dieron inicio a la fase de negociación del acuerdo regional y se constituyó una mesa directiva, a la que se solicitó, con el apoyo de la CEPAL, liderar el proceso de negociación con la expectativa de finalizarlo este año.

Con motivo de la reunión en Chile, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sugirió a los gobiernos de América Latina y el Caribe que adoptaran un acuerdo firme sobre derechos ambientales, incluyendo los derechos a la información, participación y acceso a la justicia. “Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente”, dijeron los expertos de la ONU.





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